Sevilla / Córdoba.- La sesión parlamentaria celebrada en el Hospital de las Cinco Llagas ha alcanzado picos de alta tensión durante el debate de investidura de Juanma Moreno. Los líderes de la izquierda andaluza, Antonio Maíllo y José Ignacio García, han centrado sus intervenciones en denunciar la influencia de los postulados de Vox en el futuro Ejecutivo autonómico, cuestionando la deriva ideológica que podría tomar la Junta de Andalucía.
Antonio Maíllo, representante de Por Andalucía, protagonizó uno de los momentos más incisivos al interpelar directamente al candidato popular sobre las descalificaciones vertidas por sus posibles socios de gobierno hacia el colectivo LGTBIQ+. Con una pregunta retórica cargada de simbolismo, Maíllo puso sobre la mesa el temor a un retroceso en derechos civiles y la normalización de discursos que patologizan la diversidad sexual.
La sombra de Vox y la ‘prioridad nacional’ en el Parlamento
Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, calificó de «engaño racista» el concepto de prioridad nacional que abandera la formación de Santiago Abascal. García advirtió sobre el peligro de contar con un vicepresidente que niegue la violencia machista o que considere la transexualidad como una dolencia, instando a Moreno a aclarar si su gobierno defenderá el legado de figuras como Blas Infante o los valores del 4D.
Desde una perspectiva que afecta directamente a provincias como Córdoba, donde la sanidad pública y el acceso a la vivienda son preocupaciones prioritarias, la oposición reprochó al dirigente del PP su ambigüedad. Maíllo insistió en que no es posible «gobernar para todos» mientras se negocia con quienes cuestionan la existencia del cambio climático o proponen medidas segregacionistas en el ámbito laboral y social.
En su turno de réplica, Juanma Moreno evitó entrar en el cuerpo a cuerpo sobre el término de prioridad nacional, aunque defendió la necesidad de una inmigración legal vinculada al mercado de trabajo. El candidato popular recordó que las competencias migratorias residen en el Estado, desviando así parte de las críticas hacia la gestión del Gobierno central, mientras intentaba proyectar una imagen de moderación frente al bloque de izquierdas.
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