Andalucía.- La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que revela el procedimiento erróneo que está utilizando el Gobierno autonómico para realizar sus reclamaciones al sindicato UGT merece que se dé a los andaluces explicaciones detalladas de cómo se está gestionando su dinero, según la dirección de UPYD en Andalucía, que ha presentado varias preguntas, para su tramitación en el Parlamento, sobre el denominado ‘caso de las facturas falsas’. Entre otras cuestiones, la formación magenta quiere conocer “la cantidad total que reclaman de los expedientes incurso y firmes”, la cantidad que ya se ha recuperado, así como la fase en la que se encuentran los expedientes de reintegro.

Dichas preguntas, a cuya formulación ha contribuido el miembro de la Plataforma X la Honestidad Roberto Macías, extrabajador de UGT-Andalucía que puso en conocimiento de la Fiscalía las posibles prácticas irregulares, tienen como propósito despejar dudas sobre una posible actuación negligente de la Junta al velar por el buen aprovechamiento del dinero público. “En función de cómo vayan transcurriendo los acontecimientos, veremos si es conveniente pedir otro tipo de responsabilidades aparte de las políticas”, ha expresado el coordinador andaluz de UPYD, Manuel Vicente.

El escrito, presentado para su tramitación en el Parlamento por la vía del artículo 165, pretende además conocer qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno andaluz para la defensa de aquellas personas que han denunciado posibles prácticas anómalas con dinero público. El coordinador andaluz de la formación magenta considera conveniente que se genere “un clima de confianza entre el funcionariado antes de que se ponga en funcionamiento la Oficina Antifraude anunciada tanto por el PSOE como por Ciudadanos”, quienes, aunque discrepan de la fecha exacta para su constitución, han anunciado su creación para este año. Vicente se ha mostrado convencido de que ambos partidos “accederán a crear mecanismos de protección para personas como Luis Escribano, Teodoro Montes, Cristóbal Cantos o el propio Macías, quienes han sufrido presiones y aislamiento laboral, lo cual dificultará mucho que se puedan presentar más denuncias”.

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