La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha decido por 15 votos a 13 rechazar los recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid y volver a la jurisprudencia que había estado vigente durante más de 20 años, y que fija que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) tiene que pagarlo el cliente. Los jueces han estado reunidos y debatiendo durante más de 15 horas a lo largo de dos días en una deliberación que ha mostrado una fractura interna dentro del Tribunal.

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